No hubo sorpresas. El PP barrió al PSOE el pasado domingo con un resultado que no deja lugar a dudas: 186 a 110 escaños. Los españoles lo dejaron claro, el Partido Popular tiene las manos libres para intentar sacar a España de la grave crisis económica que padece.
A esta alturas ya nadie duda que la situación es límite y urgen reformas en profundidad en casi todas las competencias del Estado. Y digo bien, urgen. El problema más acuciante es precisamente el tiempo y es lo que va a condicionar y mucho la naturaleza de las medidas a tomar, su profundidad, su calendario de puesta en marcha, el orden de preferencia, etc.
Desde luego que, al margen de la crisis, España pedía a gritos un buen número de reformas de importante calado. Algunas las tenemos pendientes desde hace muchos años y otras las venimos necesitando desde hace menos pero, sin duda, las que voy a enumerar son, a mi entender, absolutamente necesarias.
En el terreno económico, urge recuperar la confianza para aliviar la presión de los mercados, reducir el coste de la deuda y no hipotecarnos más de lo que sería sostenible a corto y medio plazo. El precio del dinero que pedimos prestado a los mercados nos está afixiando y lo hará aún más si no hacemos algo.
La única solución es poner en marcha un paquete de medidas que ponga las bases para mejorar nuestro sistema productivo, para crecer y para crear empleo, y para este objetivo van buena parte de las medidas que se precisan.
El primer paso debe ser la austeridad. No gastar más de lo que se ingresa. Así de simple. Y si hay que hacerlo por alguna circunstancia especial, no seguir endeudándose hasta no pagar lo que se ha pedido prestado.
Es imprescindible limitar los techos de gasto en todos los niveles de la administración, penalizando a aquél que lo incumple.
Además, hay que poner a dieta al Estado. Menos Estado. El dinero donde mejor está es en las manos de los ciudadanos. Nadie gestiona mejor el dinero que su verdadero dueño.
Así, si conseguimos que el Estado se endeude menos, se liberará crédito para que los bancos puedan prestar a los ciudadanos. Es una cuestión de concepto.
Asimismo, se deberán simplificar de una vez por todas los trámites para la constitución de nuevas empresas y bonificar su creación y funcionamiento.
Hay que reducir, simplificar y actualizar la enorme cantidad de modelos de contratos existentes, muchos de ellos inservibles. El SEPE, antiguo INEM, simplemente no funciona. Está totalmente anclado en el pasado. Es un recurso público que casi nadie utiliza para la contratación y la mayor parte de la formación que imparte está desfasada o no cubre las necesidades del mercado laboral.
Se debe flexibilizar tanto la contratación como el despido para garantizar los puestos de trabajo. Esto se llama "flexiguridad" y ya funciona con éxito en los países de norte de Europa.
Es fundamental aumentar de forma muy significativa la inversión en I+D+i, ligar salarios a la productividad allí donde se pueda y exportar, exportar y exportar. Y es aquí donde quiero hacer hincapié.
En España no se exporta apenas y esto es un problema cuando no hay crisis y un problema grave cuando la hay. Sin ir más lejos, en el País Vasco las cifras de Exportación se las reparten unas pocas grandes empresas (entre ellas las plantas de Mercedes y Michelín en Vitoria por ejemplo). La pequeña y la mediana empresa -no hay que ser grande para exportar- apenas se atreve a salir fuera a vender. Esto es grave cuando, como es obvio, el mercado español ahora es poco atractivo por la caída del consumo. Si aquí viene todo el mundo a vendernos cosas, ¿por qué no salimos fuera?
También hay que luchar contra el fraude fiscal, y el que se da en las ayudas sociales.
Es preciso una reforma que determine nítidamente las competencias de cada administración, evitando duplicidades en los gastos. Hay que poner en marcha mancomunidades de servicios para ahorrar costes, especialmente en los entes públicos más pequeños aunque también en los de mayor tamaño.
Además, una de las cosas que la crisis económica ha puesto más de manifiesto, es la nefasta gestión pública de algunos alcaldes, presidentes de Diputación, Comunidad Autónoma o Gobierno de España y aquellos que les acompañan.
No es justo que alguien acceda al cargo y cometa una negligencia en la gestión tan grande como para arruinar y condenar a los sufridos ciudadanos. No estoy hablando de robar sino de mala gestión.
Obras faraónicas para mayor gloria del alcalde de turno, subvenciones para no se sabe qué asociaciones, polideportivos que luego no se pueden mantener, aeropuertos vacíos por doquier, tramos de AVE que paran en pueblos de unos pocos cientos de habitantes, esculturas millonarias, cadenas regionales de TV al servicio del político de turno, embajadas catalanas o vascas en el extranjero y un muy largo etcétera de derroche de ese dinero público que una ministra socialista con muy pocas luces dijo que no era “de nadie”.
Los protagonistas de esta sangría de gasto sin control, algún tipo de responsabilidad civil o penal deberían tener.
Al margen de las medidas económicas, hay otras no menos importantes como la educación. Somos uno de los países con peores notas según el informe PISA. El aprendizaje de idiomas aún es muy deficiente, la Universidad es una máquina de crear licenciados sin contacto alguno con la realidad y por tanto con apenas unos cuantos conocimientos teóricos.
En las relaciones exteriores, directamente deberíamos cambiar nuestros mejores amigos: Cuba, Venezuela, Bolivia, Marruecos, etc., por otros... digamos, menos autoritarios, por ser suaves.
Con respecto a la justicia, poco se ha hablado en estas elecciones y mucho es lo que hay que hacer.
Además de la más que necesaria despolitización de los máximos órganos judiciales, se necesitan muchos más medios personales y materiales. La justicia lenta no es justicia y esto está perjudicando a muchos miles de ciudadanos que necesitan meses o años para resolver judicialmente situaciones tan habituales como deshaucios, hurtos y robos, divorcios con hijos de por medio, herencias... y un larguísimo etcétera.
Otra de las cosas que hay que tocar en la justicia es la desproporcionalidad de las penas, tanto a la baja como a la alta. Me explico. Todos los días nos desayunamos con los telediarios hablando sobre las docenas de veces que delincuentes comunes entran y salen por la misma puerta de la comisaría tras cometer delitos menores. Hay una creciente sensación ciudadana de indefensión.
De la misma forma, hay terroristas en serie que han asesinado a varias personas y que salen en libertad tras cumplir penas menores que aquellos delincuentes que han cometido delitos de menor gravedad. Esto es, simplemente, inadmisible.
Siguiendo con el terrorismo etarra, pese a lo que muchos piensan y/o expresan, aún estamos lejos de terminar con esta lacra. Aún no se han disuelto ni entregado las armas. Y la amenaza está ahí.
Si, como algunos tememos, el planteamiento de los asesinos es o nos otorgáis la secesión (y Amaiur, la estrategia terrorista para estar en las instituciones, está en ello) o seguimos matando, tenemos que actuar con las herramientas que nos otorga el Estado de Derecho. Hay que trabajar para probar de forma inequívoca la vinculación del terrorismo con Amaiur y, con las pruebas en la mano, plantear su ilegalización ante la justicia con arreglo al dictado de la ley.
Pero hay otras cosas que hay que reformar. La Ley Electoral es manifiestamente injusta para los pequeños partidos nacionales como Izquierda Unida y UPyD. No es racional que los partidos nacionalistas consigan más representantes con muchos menos votos que aquéllos. Esta sobrerrepresentación en el Parlamento les ha dado poder para condicionar la política nacional de manera exagerada.
El Senado necesita desde hace muchos años una verdadera reforma. Ahora, en la práctica, tan sólo es una Cámara de segunda lectura y eso es... muy poco.
Además, los partidos políticos, todos, deben modernizarse y abrirse mucho más a los ciudadanos. A mí el sistema americano, tan diferente al nuestro, me parece interesante. Que los ciudadanos puedan elegir a los candidatos de cada partido en unas primarias abiertas a todo aquel que quiera participar, es un sistema que mejoraría sin duda la democracia interna de los partidos, los acercaría más a los ciudadanos y ayudaría a reducir la negativa percepción que éstos tienen de aquéllos.
Además, se echa en falta más debates y entrevistas periodísticas con los primeros espadas de los partidos.
Además de estas medidas que propongo, deberíamos llegar a un consenso para no volver a sobrepasar ciertas líneas rojas. No tocar las pensiones, las prestaciones sociales, la sanidad y tampoco la educación. Son los pilares de nuestro Estado del Bienestar y derechos inherentes a los jóvenes, parados y pensionistas, los eslabones más débiles de la sociedad.
Desde luego que la tarea no es fácil para Mariano Rajoy. Las partidas sociales se llevan cerca de las 2/3 partes del presupuesto, por tanto se hace imprescindible gestión y más gestión para reducir costes sin perder la calidad en los servicios.
La factura de la crisis la tendremos que pagar la generación actual y, posiblemente, parte de ella, aunque sea terriblemente injusto, la próxima.
Podemos salir de la crisis, desde luego, pero hay que hacer las cosas de forma diferente y, sobre todo, mejor.