El caso ha quedo visto para sentencia, el fiscal, Miguel Angel Carballo, ha retirado la acusación que pesaba contra uno de los imputados al no existir pruebas de que estuviera presente en el salón de Plenos el dia que ocurrieron los hechos, el 14 de junio de 2003 y rebajado la petición conta el resto de acusados.

La abogada Jone Goirizelaia ha solicitado la absolución de sus defendidos remarcando que las acusaciones no han podido acreditar la imputación de "coacciones terroristas" y que no han podido individualizar ninguno de los cargos.
El fiscal de la Audiencia Nacional española Miguel Ángel Carballo ha defendido ante el tribunal que los hechos son constitutivos de un delito de "coacciones terroristas" porque considera que los acusados llevaron a cabo "un acto perfectamente organizado para impedir que se celebrara el Pleno y tomaran posesión los concejales".

Tras admitir que los actos enjuiciados "pueden estar rozando esta calificación o no", el representante del Ministerio Público ha dado a la Sección Primera de la Sala de lo Penal la alternativa de condenar a los acusados a cinco meses de cárcel por un delito "contra Altos Organismos de la Nación".

La defensa ha solicitado la libre absolución de sus representados argumentando que en el vídeo de la sesión plenaria "no se ve ni el más mínimo amago de agresión" y que, como ha manifestado el fiscal, los hechos no pueden ser constitutivos de un delito de "coacciones terroristas".

Para el Fiscal, ha quedado acreditado que fue una "coacción total y absoluta" y que la celebración del pleno "no fue una provocación por parte de los concejales del PP", ya que fue la propia secretaria del Ayuntamiento de Llodio la que estimó que al menos se debía "intentar" celebrar el acto de constitución del nuevo Ayuntamiento.

Carballo ha asegurado que los acusados eran "conscientes de la situación", y que el acto estaba "perfectamente organizado".

En referencia a la declaración ofrecida por Jon Karla Menoyo, alcalde entrante del PNV en 2003, el fiscal considera que "no dijo la verdad en absoluto" porque era "imposible" que cualquiera que hubiera presenciado los incidentes no oyera ruidos o insultos, y ha concluido afirmando que no cree que las víctimas tuvieran que ceder al "chantaje de los acusados".

El fiscal solicita multas de 1.200 euros para cuatro de los procesados por una falta de lesiones, a lo que hay que añadir otros 300 por persona en concepto de responsabilidad civil. Las acusaciones particulares piden entre uno y seis años de cárcel.