Los socialistas han remitido una nota en la que salen al paso de las declaraciones que han realizado los representantes del Partido Popular sobre la adjudicación de las viviendas de carácter social de Apaloeta. El PSE-EE dice que “con fecha 23 de mayo, los Consejos de Administración de las sociedades públicas Visesa y Alokabide, aprobaron la formalización de contratos de arrendamiento sobre las viviendas sociales con promesa bilateral de compraventa, lo que permitirá su ocupación por los adjudicatarios en régimen de subarriendo.

Que este mecanismo es el arbitrado, legal y financieramente, para permitir que las citadas viviendas puedan ser entregadas a sus inquilinos en breves fechas.
 
Y que en el caso de Apaloeta el Próximo lunes se procederá al sorteo de los 26 pisos de carácter social en las viviendas de Apaloeta entre aquellas personas que finalmente van a acceder a estas ellas, porque algunas se volvieron atrás y ha habido que ir corriendo lista.
 
Recordar que además se encuentras los tres pisos destinados a APDEMA , y que el ayuntamiento de Laudio firmará el contrato de alquiler con el Gobierno Vasco para cederlo a Apdema próximamente y de esto ya es conocedor el equipo de Gobierno.
 
Que una vez realizado la adjudicación definitiva de los pisos saldrán las comunicaciones remitidas a los inquilinos, informando de la situación e iniciando los trámites administrativos de comprobación de rentas del último periodo fiscal disponible (2011), que permitirán la efectiva entrega de dichas viviendas a sus inquilinos en el mes de julio de 2012 aproximadamente, abonando éstos la renta social adecuada a su nivel de ingresos efectivo a fecha actual.
 
De esta manera la situación de Apoeleta será resuelta, de la misma manera que el resto de viviendas afectadas con idéntica problemática y que asciende a 393 viviendas.
 
A partir de la entrega efectiva a los inquilinos, podrán disponer de sus viviendas sin incidencias adicionales, más allá de los propios de gestión del régimen de alquiler, durante un período de 5 años.
 
Aclarar, Visesa construye las viviendas que posteriormente han de ser vendidas a un segundo operador público o privado, que ha de destinarlas al alquiler social.
 
Aprovecho la ocasión para aclarar una vez más que venta sistemática de las viviendas por parte de Visesa constituye su actividad industrial y no supone la venta de ningún patrimonio público , porque para Visesa las viviendas son sus existencias, su producto, y no forman parte, con lógica económica aparte de la legal, del patrimonio de Euskadi.
 
En la práctica histórica del alquiler social ese operador de alquiler ha sido en exclusiva la sociedad Alokabide, que fue una sociedad privada, hasta su publificación en marzo de 2011.
 
A fecha de hoy y tras la segunda reforma bancaria consecutiva  en este año 2012 aprobada por el Gobierno de España, la financiación bancaria a la promoción de viviendas  en alquiler, que ya estaba en estado de coma en 2011, desaparece como opción real para 2012, y seguramente prolongara sus malos efectos más allá de este año.
 
Por ello el Gobierno Vasco sigue trabajando en soluciones alternativas que afronten la problemática de fondo.
 
En todo caso, podemos asegurar que las soluciones que se alcancen  no afectarán para nada a los inquilinos de la promoción de Apoeleta,
 
Esta promoción de Apaoleta esta incluida en el proyecto conocido como Plan 4000.
 
Su inclusión en el proyecto obedece a la problemática financiera de fondo que le he comentado anteriormente.
 
Casi 400 viviendas sociales en alquiler terminadas, otras 600 en construcción  y de próxima terminación, junto a casi otras 1000 previstas para su edificación en régimen de alquiler social que ni tan siquiera han iniciado sus procesos de licitación por falta de financiación, aconsejaron al Gobierno Vasco buscar una salida innovadora en materia de financiación público-privada.
 
Se trata de buscar un inversor con fuerte músculo financiero que permita financiar el paquete de promoción pública de viviendas en alquiler programado y a un coste razonable y sostenible para las arcas públicas del Gobierno Vasco.
 
Se trata de financiar el futuro, pero también arreglar el desatino de la financiación del pasado, garantizando el sistema público de vivienda, y evitando daños colaterales sociales y económicos que con sentido común consideramos inasumibles.
 
Si la financiación bancaria al ladrillo está declarada oficialmente tóxica, e incluso ha sido capaz de producir a través del fenómeno Bankia una profunda desestabilización económica y política que nos toca hoy padecer, la búsqueda de alternativas de financiación se convierte en una necesidad imperiosa.
 
El Gobierno Vasco ha sido el primero que ha dado un paso adelante en la materia, pero en un inmediato futuro podemos aventurar que veremos como la formula se reproduce para financiar los programas públicos de vivienda, y al próximo Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI) del Gobierno de España, me remito”, concluye la nota.